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Tarjeta Profesional Europea
El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana un paquete de medidas para favorecer la movilidad de los trabajadores por toda la Unión Europea, que requiere ahora del visto bueno de los Veintiocho. El objetivo es favorecer que los europeos que buscan empleo se desplacen con mayor facilidad al lugar donde se encuentra la demanda.
Entre las medidas, destaca la “tarjeta profesional europea”, que tiene por objetivo simplificar y acelerar los trámites de reconocimiento en toda la UE de las cualificaciones profesionales. Esta tarjeta será expedida por el Estado miembro de origen para periodos cortos de trabajo y el país de origen tendrá el poder de decidir si la actividad profesional puede ser transferida.
Con el objetivo de ahorrar tiempo y simplificar el proceso de reconocimiento, los Estados Miembros utilizarán el sistema de intercambio de la información que ya existe entre Administraciones, de tal manera que el profesional interesado no tendrá que tramitar una solicitud al país de destino, sino pedir a su país que gestione el proceso.
La nueva norma también contempla un sistema de alerta para impedir que titulados sometidos a sanciones disciplinarias impuestas a profesionales, como médicos, enfermeros o arquitectos, puedan ejercer su profesión e otros países de la Unión.
Además, los eurodiputados solicitan al Ejecutivo comunitario una base de datos pública para las cerca de 800 profesiones regulares en la que los Estados Miembros deberían probar que es proporcionado y no discriminatorio regular una determinada actividad.
Entre las medidas, destaca la “tarjeta profesional europea”, que tiene por objetivo simplificar y acelerar los trámites de reconocimiento en toda la UE de las cualificaciones profesionales. Esta tarjeta será expedida por el Estado miembro de origen para periodos cortos de trabajo y el país de origen tendrá el poder de decidir si la actividad profesional puede ser transferida.
Con el objetivo de ahorrar tiempo y simplificar el proceso de reconocimiento, los Estados Miembros utilizarán el sistema de intercambio de la información que ya existe entre Administraciones, de tal manera que el profesional interesado no tendrá que tramitar una solicitud al país de destino, sino pedir a su país que gestione el proceso.
La nueva norma también contempla un sistema de alerta para impedir que titulados sometidos a sanciones disciplinarias impuestas a profesionales, como médicos, enfermeros o arquitectos, puedan ejercer su profesión e otros países de la Unión.
Además, los eurodiputados solicitan al Ejecutivo comunitario una base de datos pública para las cerca de 800 profesiones regulares en la que los Estados Miembros deberían probar que es proporcionado y no discriminatorio regular una determinada actividad.